El gobierno de China y la Unión Europa ya están promulgando reglas para asegurar su control social y económico sobre estas nuevas tecnologías.

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La cooperación entre el Congreso de los Estados Unidos y el poder ejecutivo en materia de inteligencia artificial se ve amenazada si la Corte Suprema anula la actual “división del trabajo” productivo.

A finales de 2023 del Senado, Chuck Schumer, líder de la mayoría, convoco un grupo de trabajo bipartidista de senadores estadounidenses para abordar la inteligencia artificial (IA). De cuya resolución se ha publicado una hoja de ruta relativamente modesta.  A pesar de las muchas advertencias y promesas en torno a la nueva tecnología; incluidas las emitidas en los nueve foros de directores ejecutivos, defensores y académicos organizados por el grupo de trabajo; según Schumer, la hoja de ruta proporciona «directrices» para que los comités del Senado las consideren en la Cámara Alta lo que corresponde al proceso normal de la cámara.

Las recomendaciones incluyen:                                                                                     

a) aumentar las asignaciones a 32.000 millones de dólares al año para la investigación  y b) el desarrollo de la IA no relacionada con la defensa, con financiación adicional para la seguridad nacional.  c)La hoja de ruta también insta a los comités a considerar políticas para abordar los daños de la IA.  Daños sociales y empresariales tales como; abuso sexual infantil virtual,-  la distribución no consensuada de imágenes íntimas,-  la seguridad, – las barreras para las nuevas empresas y las pequeñas empresas, – la necesidad de capacitación de los trabajadores,- la protección del consumidor,- y las violaciones de los derechos civiles. 

Incluso si los comités del Senado pudieran desarrollar y considerar proyectos de ley antes de fin de año, es poco probable que la Cámara de Representantes esté lista. Los líderes de la mayoría y la minoría anunciaron la formacion de un grupo de trabajo bipartidista sobre IA hace sólo dos meses.



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Sin embargo, el Congreso puede permitirse el lujo de actuar deliberadamente, porque incluso cuando se ponen al día, el gobierno no se queda quieto. El poder ejecutivo está ocupado implementando una orden ejecutiva (EO) de la Casa Blanca que instruye a las agencias sobre cómo aplicar la ley actual a la nueva tecnología.

La EO, emitida hace seis meses, insta a las oficinas con fondos de subvenciones y compras a promover la mitigación del riesgo de IA en bioingeniería y la precisión de los productos de IA. Las agencias deben determinar métodos para 

proteger  la infraestructura crítica de los ciberataques y a los consumidores de los usos engañosos de la IA. Las partes del gobierno que hacen cumplir las leyes de derechos civiles reciben instrucciones de mejorar sus rocedimientos para proteger a los ciudadanos contra las violaciones de esas leyes relacionadas con la IA. 

Al cumplirse 180 días, la administración Biden anunció resultados iniciales impresionantes. Estos incluyen: – un aumento del 288% en las solicitudes de empleo de IA, –  nuevas orientaciones sobre herramientas de IA generativa para la contratación, –  la creación de una junta de seguridad centrada en la IA y nuevas orientaciones sobre IA generativa para compradores federales.

Además, la administración impuso controles de exportación de in-puts  de semiconductores clave para sistemas avanzados de inteligencia artificial. Al mismo tiempo trabajó en estrecha colaboración con el Congreso en la Ley CHIPS y Ciencia para financiar la fabricación y la investigación en Estados Unidos. Y está trabajando con aliados en la gobernanza internacional de la IA.

Esta división del trabajo entre el Congreso y las agencias es la muestra de una democracia funcional en acción. La Corte Suprema bendijo tal enfoque en 1984 cuando falló Chevron vs National Resources Defense Council y confirmó la reinterpretación de la Agencia de Protección Ambiental sobre la disposición de la Ley de Aire Limpio para otorgar a las empresas más indulgencia en el cumplimiento de los requisitos de la ley. El juez John Paul Stevens escribió en un fallo que una agencia tenía margen de maniobra para cambiar su interpretación de un estatuto. 

El tribunal, sin embargo, puede debilitar la capacidad del gobierno para modernizar las regulaciones. A mediados de enero, una mayoría de magistrados manifestó su intención de revocar esta “doctrina de deferencia de Chevron”. Esto se suma a la nueva “doctrina de cuestiones importantes” del tribunal, que impide a las agencias actuar a menos que un estatuto les otorgue una autoridad clara para hacerlo. 

Revocar el fallo de 1984 presagiaría un cambio dramático que obstaculizaría el despliegue de nuevas tecnologías como la IA. 

También obligaría al Congreso la facultad de  crear estatutos completamente nuevos antes de que un tema esté maduro y, como señaló la jueza Elena Kagan, enviaría las interpretaciones de los expertos de las agencias “que realmente saben sobre IA” a tribunales que saben aún menos. Esta tecnología preocupante apenas está surgiendo y, como subrayó Kagan, los propios legisladores “saben que el Congreso difícilmente puede ver una semana en el futuro”.  Después de todo, su trabajo es ser generalistas, no expertos en tecnología o en políticas tecnológicas. 

El Congreso no debería crear leyes rígidas antes de que se enfoquen mejor los desafíos y oportunidades relevantes de las nuevas tecnologías. En cambio, pueden celebrar audiencias siempre que puedan confiar en
agencias para adaptar las leyes existentes a estas tecnologías o circunstancias en desarrollo. La nueva hoja de ruta del Senado señala que el grupo de trabajo “cree que las leyes existentes, (incluidas las ​​relacionadas con la protección del consumidor y los derechos civiles),  deben aplicarse de manera consistente y efectiva a los sistemas de inteligencia artificial y a sus desarrolladores, implementadores y usuarios”. La hoja de ruta también alienta a los comités responsables a considerar garantizar que los reguladores puedan acceder a información relevante para hacer cumplir la ley existente. 

De hecho, la hoja de ruta anticipa casi un proceso iterativo a través del cual el Congreso aprende de los primeros pasos que han tomado las administraciones. «Alienta al poder ejecutivo y al Comité de Asignaciones del Senado a continuar evaluando cómo manejar las necesidades actuales de inversiones federales en IA».  

Así mismo pide al poder ejecutivo que comparta actualizaciones sobre las actividades administrativas relacionadas con la IA «para informar mejor el proceso legislativo». 

Sin embargo, si a los expertos del Departamento de Energía al Departamento de Seguridad Nacional se les impide revisar la aplicación de la ley actual a la IA, el Congreso se verá obligado a promulgar nuevos estatutos mediante los cuales intentarán prevenir los problemas antes de que ocurran. El resultado será lo peor imaginable para una nueva industria crítica. En primer lugar, una extralimitación que frena la innovación pero no logra proteger ni a los técnicos ni a los usuarios. 

Y en segundo lugar crea una tremenda incertidumbre a medida que las reglas son cuestionadas y se abren camino en los tribunales. 

Los inversores, las empresas, los usuarios y los trabajadores se quedarían sin claras directrices sobre, por ejemplo,  – cómo la Comisión Federal de Comercio (FTC), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor podrían utilizar la IA para hacer cumplir la lucha contra la discriminación.  Disposiciones reflejadas en la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Informes Crediticios Justos. 

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Se debe alentar la capacidad de Washington para responder a una nueva tecnología, como lo hace la administración con su implementación estricta de EO y como el Congreso con su enfoque de grupo de trabajo y  “task forcé”, en momentos de baja confianza ante las elecciones.

Se debe alentar la capacidad de Washington para responder a una nueva tecnología, como lo hace la administración con su implementación estricta de EO y como lo hace el Congreso con su enfoque de grupo de trabajo y  “task forcé”, especialmente en un momento en que la confianza en el gobierno es baja debido, en parte, a su incapacidad para abordar los desafíos de la era de las redes sociales.



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El mundo no se quedará quieto. El gobierno chino está promulgando reglas para asegurar su control sobre las nuevas tecnologías

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La Union Europa está promulgando una nueva ley de IA de gran alcance, redactada por primera vez a principios de 2021, antes de que se implementara la IA generativa.

En la contienda por establecer reglas globales, Estados Unidos quedará marginado si la Corte Suprema neutraliza al poder ejecutivo, (con su experiencia que ya tiene), para que no aproveche las leyes existentes. El país terminará observando de brazos cruzados cómo las nuevas leyes avanzan a través de procesos judiciales a menudo demasiado lentos.

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