La sostenibilidad de la humanidad

Depende de la capacidad que tenga toda la población mundial de fomentar una Transición Verde Justa

ir transition: who are the players

Nos toda a todos gestionar a diario…. los desafíos que plantean el cambio climático y la transición energética

Afrontar activamente la emergencia climática implica

llevar a cabo una transición rápida y eficaz hacia sistemas mucho más sostenibles, basados en el uso de fuentes de energía renovables.
sin embargo, el proceso de transformación de los modelos de producción energética —tan necesario y beneficioso— también puede acarrear consecuencias negativas si no se gestiona adecuadamente.

A medida que avance el proceso de transición, podrían surgir efectos colaterales que afecten

al empleo, la riqueza el desarrollo

es necesario reconocer esta realidad cuanto antes. El objetivo debe ser siempre implementar cambios que, además de velar por el medio ambiente, prioricen la protección de las personas, independientemente del país o la región en la que vivan.

¿Qué es una transición justa?

El concepto de «transición justa» surgió para definir este nuevo modelo de transición energética basado en la equidad y la forma de vida, con el fin de promover

el bienestar social, económico y laboral
de todas las personas, en cualquier lugar.

En esencia, consiste en avanzar hacia los objetivos climáticos y energéticos establecidos sin dejar a nadie atrás. Todos los países, comunidades y personas deben poder acceder, en igualdad de condiciones, a los mismos beneficios, mecanismos y herramientas para el cambio; asimismo, es fundamental hacer especial hincapié en mitigar los efectos negativos que las medidas adoptadas puedan tener sobre las personas y su calidad de vida.

El origen de este término se remonta a la década de 1970 y está estrechamente vinculado al movimiento sindical y a la labor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Inicialmente, se acuñó como respuesta a las nuevas normativas medioambientales que se estaban instaurando en Estados Unidos, las cuales afectaban a numerosos puestos de trabajo.

En aquel entonces, se reclamaba que los cambios implementados no perjudicaran sistemáticamente a los trabajadores,

sino que se buscaran alternativas, como ofrecerles ciertas garantías

No obstante, el término «transición justa» no obtuvo un reconocimiento formal hasta la firma del Acuerdo de París en 2015. A partir de ese momento, el concepto pasó a vincularse con la lucha contra el cambio climático —yendo más allá de los aspectos estrictamente laborales— e incorporó reivindicaciones de carácter social y económico.

Un sistema energético descarbonizado es una prioridad para el futuro del planeta, pero no podemos ignorar los efectos que este nuevo modelo puede tener en la sociedad, el empleo y las finanzas de la mayoría de las personas.

¿Por qué necesitamos una transición justa?

Existen dos factores fundamentales para comprender la necesidad de promover una transición justa en la actualidad, así como las importantes dificultades que surgen al transformar el sistema energético.

1. Efectos colaterales

En primer lugar, es importante entender que el objetivo de la transición es abandonar un modelo basado en el uso de combustibles fósiles para adoptar uno más sostenible, centrado en fuentes de energía renovables. Dicho esto, realizar cambios estructurales en los modelos energéticos siempre conlleva efectos colaterales. Basta con observar los precedentes históricos —por ejemplo, el cierre de minas de carbón— para comprobar que, en aquellas regiones cuya economía está estrechamente vinculada a tales actividades, la desaparición de estas industrias plantea numerosos desafíos.

Gran parte de las economías actuales dependen en gran medida de la producción, el procesamiento y la venta de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural. Si el objetivo es que estas industrias desaparezcan gradualmente, todos los países y empresas que dependen fuertemente de ellas se enfrentarán a problemas muy graves si no gestionan este cambio de modelo de manera adecuada. No solo disminuirá su actividad hasta que la producción llegue a desaparecer por completo, sino que también se producirá un desequilibrio en su estructura económica y social, así como en sus oportunidades de desarrollo.

Las personas que dependen directamente de estas industrias tendrán que afrontar consecuencias como

la pérdida de sus empleos, una merma en su capacidad económica y una reducción significativa de su bienestar y calidad de vida.

Asimismo, esto puede afectar a las zonas donde residen: la población disminuye ante la falta de oportunidades laborales, mientras que la cohesión de toda la comunidad se desmorona debido a la precariedad laboral y la desigualdad.

Además, surgirá una gran reticencia a implementar nuevos cambios para avanzar en la transición, dada la experiencia previa y la forma en que esta ha alterado su modo de vida.

2. Desigualdad económica y social

Otro factor importante es que no todos los países y regiones afrontan la transición energética con las mismas oportunidades ni con idénticas posibilidades de éxito. Como suele ocurrir, los países más ricos llevan la delantera e imponen las decisiones que más les convienen, olvidando que existen otros Estados que requieren apoyo para iniciar los cambios necesarios y mitigar las posibles consecuencias negativas.

En estas economías más poderosas, la transición puede reportar numerosos beneficios —derivados de la inversión en diversificación energética y energías renovables—, tales como

la creación de nuevos empleos «verdes»,
el aumento de la seguridad energética,
la eliminación de la dependencia de fuentes externas y,
por supuesto, importantes ventajas medioambientales para sus habitantes.

No obstante, para acceder a todos estos beneficios es preciso realizar, en primer lugar, enormes inversiones en infraestructuras, nuevas tecnologías y planes de formación y desarrollo; algo que no todos los países pueden permitirse debido a sus elevados costes. Estas desigualdades no solo se manifiestan a escala internacional, sino también entre distintas regiones, en función de su capacidad económica.

Asimismo, cabe tener presente que los países más pobres están menos protegidos frente al cambio climático y cuentan con una menor capacidad de adaptación a sus efectos adversos, debido a la escasez de recursos y de mecanismos de contención. Sin embargo, estos lugares contribuyen en mucha menor medida a los niveles de contaminación y a las emisiones de gases de efecto invernadero que los países más desarrollados, lo que hace que su situación resulte aún más injusta.

También puede existir un desequilibrio entre los habitantes de una misma región, derivado de las diferencias en sus niveles de renta y oportunidades de desarrollo.

Por ejemplo, una persona con mayores ingresos podrá afrontar con más facilidad el gasto que supone adquirir un vehículo eléctrico o sustituir el sistema energético de su vivienda por uno basado en fuentes renovables, como la energía geotérmica.

<p>“Transición es inevitable. Justicia no lo es”.</p><p>Clima, Justicia, Alianza.</p>

Políticas imprescindibles

Energía neta cero universal
Promover el acceso a la energía en un mundo libre de emisiones de carbono.
Evolución de la fuerza laboral
Promover una transición justa para los trabajadores, garantizándoles empleos.
Resiliencia comunitaria
Ofrecer incentivos para asegurar que el impacto, tanto directo como indirecto, en las comunidades involucradas sea equitativo.
Cooperación y transparencia
Brindar apoyo para una transición equitativa mediante la cooperación y la transparencia de todas las partes.

Teniendo en cuenta estos puntos esenciales, algunas de las medidas específicas que pueden adoptarse para garantizar procesos de transición justos son:

Invertir en energías renovables y soluciones sostenibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Proteger todas las áreas afectadas y aquellas que dependen de la industria del carbón, a fin de que puedan afrontar la transición energética.
Apoyar a los trabajadores afectados mediante la provisión de ayuda y formación, a través de programas que también alcancen a sus familias y comunidades.
Identificar las brechas existentes —relacionadas con el género, la edad, el origen étnico o la discapacidad—, evaluar el impacto de la transición en los grupos más vulnerables y diseñar mecanismos de ayuda específicos para ellos.
Reparar los daños ambientales mediante el fortalecimiento de los requisitos normativos y las garantías financieras.
Garantizar un proceso de planificación transparente e inclusivo que permita a todos los actores sociales y políticos participar activamente en la definición del plan a seguir.

¿Quiénes son los actores clave en una transición justa?

Lograr una transición justa y responsable es responsabilidad de todos. Por un lado, corresponde a las iniciativas gubernamentales legislar, regular y programar las medidas que deben adoptarse en el camino hacia la transición energética, así como garantizar su cumplimiento y la obtención de los resultados deseados. Estas medidas pueden adoptarse tanto a escala internacional —en el marco de organizaciones como la ONU— como en el ámbito europeo o nacional, mediante iniciativas específicas para cada país. Para asegurar la implementación de estos planes, habitualmente se establecen instrumentos financieros destinados a facilitar los cambios necesarios.

Un ejemplo de ello es el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, que cuenta con un presupuesto global de 17 500 millones de euros para el periodo 2021-2027, destinado a inversiones tanto públicas como privadas.

Una vez establecidos el marco normativo y legislativo para la transición, recae sobre las empresas la responsabilidad de realizar los cambios pertinentes en sus actividades y su estructura. Esto implica, entre otras acciones, poner en marcha mecanismos de formación para los empleados, diversificar la cadena de valor para hacerla más sostenible, crear nuevos empleos «verdes» y apostar por la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables. Asimismo, en el caso de sectores o zonas que presentan mayores dificultades y requieren una supervisión más estrecha, los Estados pueden establecer acuerdos específicos y regulados sobre cómo proceder.

Por otro lado, la sociedad civil y las comunidades locales constituyen el motor del cambio y una pieza clave de todo el proceso. A menudo, las normativas comienzan a gestarse cuando la sociedad pone de manifiesto los problemas existentes —ya sea mediante la recogida de firmas, la organización de protestas, etc.—. Una vez implementadas dichas normas, la ciudadanía tiene la posibilidad de adoptar una actitud proactiva ante el cambio, respaldando las medidas adoptadas y, al mismo tiempo, exigiendo modificaciones o nuevas leyes que permitan lograr una transición lo más justa y eficiente posible.

Plan de accion en España

España se encuentra en una buena posición para convertirse en un referente internacional en la implementación de una economía más sostenible, gracias a sus recursos naturales y su clima. Si bien el proceso ya iniciado generará numerosas oportunidades y beneficios, también podría tener impactos negativos en ciertas actividades que aún dependen de los combustibles fósiles.

Entre los retos para una transición energética justa, los más importantes que enfrenta España son las desigualdades geográficas presentes en el país y el fuerte impacto demográfico que podrían tener los nuevos cambios.

En general, la pérdida de empleos no se producirá en los mismos lugares ni en los mismos sectores.
Las ciudades y las zonas más pobladas lideran la creación de empleos verdes,
Mientras que las zonas menos pobladas tienen más dificultades para revitalizar sus industrias y diversificarse hacia actividades más sostenibles, lo que agrava aún más el problema de la despoblación.

A pesar de las desigualdades entre las regiones, la buena noticia es que no parece que los niveles de empleo vayan a empeorar durante el proceso de cambio. Como se puede apreciar en las previsiones de la estrategia energética justa, el empleo en el sector eléctrico y de energías renovables constituye una de las grandes ventajas laborales para este país, tanto en el caso de la energía solar y eólica como, en particular, en la producción de biomasa, que podría generar numerosas oportunidades en las zonas rurales.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé nuevas inversiones en energías renovables que generarán un incremento neto del empleo de entre 253.000 y 348.000 puestos de trabajo anuales hasta 2030.

Para proteger mejor a las personas más vulnerables durante este proceso de transición justa, es necesario

centrar los esfuerzos en diseñar y
promover medidas que contribuyan a reducir la desigualdad y la pobreza.

En particular, prestando atención al acceso a recursos y servicios básicos, y teniendo en cuenta el problema estructural de la pobreza energética que sufren muchos consumidores con menor capacidad económica.

Todo ello ayudará a disminuir la desigualdad y a fomentar un desarrollo regional más equilibrado, favoreciendo el establecimiento de industrias sostenibles y nuevas actividades en diversas regiones.

En un mundo globalizado, donde cada decisión puede tener efectos indirectos en muchas vidas, resulta fundamental considerar al conjunto de la sociedad y permitir que todos participen de los beneficios de la transición energética. De este modo, podremos seguir avanzando con éxito hacia un modelo energético que no solo sea más sostenible y descarbonizado, sino también más justo, igualitario y humano en todos los niveles.