Con independencia del resultado electoral, mi posición ante el futuro de España.

La población mundial ha superado los 8 mil millones de personas y la noticia ha vuelto a agitar a los observadores que ven el crecimiento de la población como una amenaza para el desarrollo y el medio ambiente. La realidad es mucho más tranquilizadora porque hemos forzado las limitaciones de la escasez, escribe Alberto Mingardi en su análisis para L’Economia del Corriere della Sera, inventando soluciones que nos permiten producir más alimentos y crear más riqueza. Obviamente sucede que hay individuos o familias a las que alguna vez les fue mejor que ahora, pero en general el pastel ha crecido, no tuvimos que luchar para obtener una tajada.

En cuanto a valores de hace dos años, antes de que comenzara un ascenso vertiginoso del mercado cripto que derivó en una nueva fiebre por las criptos y, cómo no, los NFTs que tratan de levantar cabeza y que a pesar de su mala situación siguen generando mucha expectación: un NFT de Bored Ape se vendió recientemente por un millón de dólares.

Y por otra parte: ¿Cuánto cuesta cumplir con las leyes por las empresas? Francesco Trebbi y Miao Ben Zhang intentan responder a esta pregunta en un documento de trabajo publicado para la Oficina Nacional de Investigación Económica y titulado The Cost of Regulatory Compliance in the United States. El objetivo es comprender cuántos recursos humanos deben dedicar las empresas estadounidenses para garantizar el cumplimiento normativo.

  • No se trata, por tanto, de una estimación de los costes de la burocracia sobre el conjunto de la economía.
  • Sino de un intento de entender cómo afecta un marco regulatorio cada vez más complejo a la organización interna de las empresas.
  • En promedio, estas funciones representan el 1,34% del gasto de personal, pero con una tendencia en forma de U invertida: las empresas medianas, con alrededor de 500 empleados, son las más afectadas por las cargas fiscales estatales.

En España esto será mucho más, dada la voracidad fiscal del Gobierno Frankenstein, a punto de fenecer en las elecciones generales de 29 de noviembre de este año. Aunque dudo de que las cosas cambien sustancialmente con el Gobierno posible de PP y Vox.

Escribo estas reflexiones ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 desde una perspectiva que no es la de un observador ocasional de la política española. Llevo más de cincuenta y siete años vinculado al liberalismo, defendiendo la libertad individual, la iniciativa privada, la economía de mercado, la separación de poderes y la limitación del intervencionismo estatal.

  • He vivido buena parte de nuestra historia política contemporánea, desde el franquismo hasta Felipe VI, y he participado activamente en distintas organizaciones y formaciones liberales. Por eso, cuando me pregunto qué puede suceder en España después de Pedro Sánchez, mi preocupación no se limita a quién ocupará La Moncloa, sino a si seremos capaces, por fin, de cambiar el modelo de Estado que llevamos tantos años arrastrando.

Mi vinculación con el liberalismo se remonta a 1968,

  • a través de Salvador de Madariaga, me acerqué a la Internacional Liberal. Posteriormente participé en la creación y desarrollo de diferentes organizaciones, como el Club Liberal, la Agrupación Liberal Democrática, el Partido Liberal y el Partido Demócrata Liberal de Antonio Garrigues Walker, entre otras iniciativas de la Transición.
  • También conocí desde dentro las dificultades de la Unión de Centro Democrático y sus debates sobre la organización territorial de España.
  • Fui testigo de cómo las ilusiones de aquella Transición, que aspiraba a construir una democracia constitucional moderna, fueron dando paso a un sistema político cada vez más condicionado por los intereses partidistas, el reparto de poder y el crecimiento de las administraciones.

He dedicado buena parte de mi vida a defender un liberalismo que no consiste simplemente en bajar impuestos, sino en limitar el poder político, garantizar la libertad de los ciudadanos y permitir que la sociedad civil desarrolle sus propias iniciativas.

  • Desde mis responsabilidades en el Club Liberal Español, en el Club Nuevo Liberalismo SXXI y en otras instituciones liberales, he defendido reiteradamente que el Estado debe estar al servicio de las personas y no convertirse en una estructura que viva a costa de ellas.

Por eso me preocupa especialmente la evolución fiscal de España. La recaudación tributaria ha alcanzado cifras muy elevadas.

  • Según Eurostat, la relación entre impuestos, cotizaciones sociales y PIB se situó en el 38,1 % en 2025, mientras que la OCDE calculó una presión fiscal del 36,7 % para España en 2024, frente al 34,1 % de media de sus países miembros.
  • Hacienda comunicó unos ingresos tributarios de 325.356 millones de euros en 2025. Es cierto que parte del crecimiento recaudatorio procede de la evolución de la actividad económica, el empleo, los salarios y la inflación, pero eso no elimina la cuestión fundamental:
  • ¿hasta dónde puede seguir aumentando la carga fiscal sin perjudicar la capacidad de ahorro, inversión y creación de empleo?

La voracidad fiscal no debe medirse solamente por el número de impuestos o por sus tipos nominales. También hay que considerar la acumulación de obligaciones, las cotizaciones, los costes indirectos, la inseguridad jurídica y la dificultad de desarrollar una actividad económica sin enfrentarse continuamente a nuevas disposiciones administrativas.

  • Me preocupa que hayamos terminado aceptando como algo natural que, ante cualquier problema, la respuesta política consista en crear otro impuesto, otra subvención, otra regulación o un nuevo organismo público.

Desde mi formación como psicólogo social y mi experiencia en el mundo empresarial, siempre he entendido que la economía no puede separarse del comportamiento de las personas ni de las condiciones institucionales en las que trabajan. En los años sesenta desarrollé mi concepto de Filosofía de Sociomercados, que posteriormente evolucionaría hacia el Marketing Social.

  • Mi preocupación ha sido siempre comprender la relación entre empresa y sociedad, entre producción y necesidades humanas, entre libertad económica y responsabilidad colectiva.
  • No creo en una empresa que actúe al margen de sus obligaciones, pero tampoco en un Estado que termine convirtiendo al empresario en un sospechoso permanente.

La empresa que invierte, arriesga, contrata trabajadores, paga sus impuestos y ofrece bienes y servicios útiles está creando riqueza y contribuyendo al bienestar general. El beneficio legítimo no es una anomalía moral, sino uno de los incentivos que hacen posible la inversión, la innovación y el progreso.

  • Por eso considero un error político alimentar la desconfianza hacia quienes generan actividad económica, como si la riqueza fuese un patrimonio fijo que el Estado tuviera que repartir permanentemente.
  • La historia demuestra que las sociedades progresan cuando permiten producir más, innovar y competir, no cuando se limitan a redistribuir lo que otros han conseguido crear.

Esta cuestión me devuelve al debate filosófico que protagonizaron John Rawls y Robert Nozick en los años setenta. Rawls, en su obra Teoría de la justicia, publicada en 1971, defendió una organización social basada en las libertades fundamentales, la igualdad de oportunidades y la atención a los más desfavorecidos.

  • Nozick respondió en 1974 con Anarquía, Estado y utopía, defendiendo un Estado de funciones limitadas, cuya misión esencial debía ser proteger los derechos individuales, garantizar los contratos y asegurar la justicia.
  • Siempre me ha interesado especialmente esta segunda perspectiva, porque considero que la justicia no puede convertirse en una justificación permanente para que el poder político intervenga en la vida de los ciudadanos y disponga de los recursos que estos producen.

Esto no significa abandonar a los más vulnerables ni renunciar a los servicios públicos esenciales. Significa que la solidaridad debe ser compatible con la libertad, que la protección social debe ser sostenible y que la redistribución no puede terminar destruyendo los incentivos que permiten crear riqueza. Una sociedad justa debe ofrecer oportunidades, educación, seguridad y protección, pero también respetar el esfuerzo, el ahorro, la propiedad y la iniciativa individual.

La transformación tecnológica constituye otro ejemplo de la necesidad de encontrar ese equilibrio.

  • Las criptomonedas, la tecnología blockchain y los nuevos sistemas de financiación digital han abierto posibilidades que hace pocos años parecían impensables. Sin embargo, el caso de FTX y sus consecuencias sobre otras entidades como Genesis y Gemini demostraron que la innovación no puede confundirse con la ausencia de responsabilidad.
  • La libertad financiera necesita transparencia, garantías para los inversores y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
  • La regulación europea MiCA representa un intento de establecer unas reglas comunes para este mercado, pero debemos procurar que la protección del ciudadano no termine convirtiéndose en una barrera que impida la innovación y favorezca a las grandes entidades frente a las pequeñas iniciativas empresariales.

También me preocupa el coste creciente del cumplimiento normativo, conocido como compliance.

  • Una gran empresa puede disponer de departamentos jurídicos y financieros especializados, pero una pequeña empresa familiar o un autónomo no tienen esos recursos.
  • Las obligaciones fiscales, laborales, medioambientales, digitales y administrativas pueden acabar consumiendo una parte excesiva de su tiempo y de su capacidad económica.

Siempre he defendido que la responsabilidad social corporativa, el buen gobierno empresarial y el cumplimiento de las leyes deben formar parte de una gestión moderna y honesta.

  • Pero también sostengo que la Administración debe distinguir entre las obligaciones necesarias y la burocracia redundante.
  • La ley debe proteger y ordenar, no asfixiar.

Llegamos así a la cuestión política que considero decisiva: ¿qué ocurrirá si Pedro Sánchez abandona el Gobierno y se forma una nueva mayoría entre el Partido Popular y VOX? No tengo ninguna intención de dar por hecho que ese cambio político vaya a representar automáticamente una transformación liberal. Mi experiencia me obliga a ser prudente. He conocido demasiadas promesas políticas, demasiados programas electorales y demasiadas declaraciones de buenas intenciones que después se han quedado a medio camino cuando sus protagonistas han tenido que administrar el poder.

  • El PP ha defendido en distintas ocasiones la reducción de impuestos, la deflactación del IRPF y el alivio fiscal para familias y empresas.
  • Sin embargo, su trayectoria de gobierno ha combinado esas propuestas con el mantenimiento de buena parte de las estructuras administrativas y del gasto público.
  • No ha sido siempre el partido de las reformas liberales profundas que algunos ciudadanos esperaban. VOX, por su parte, ha planteado reducciones tributarias más ambiciosas, la supresión de determinados impuestos y una revisión de las estructuras políticas y administrativas.
  • Pero también tendrá que demostrar cómo financiar sus propuestas y cómo hacerlas compatibles con la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Mi escepticismo es, por tanto, doble.

  • No basta con que el PP prometa rebajas fiscales si no está dispuesto a revisar el gasto y las estructuras administrativas.
  • Tampoco basta con que VOX anuncie grandes recortes si no presenta un proyecto económico y presupuestario coherente.

Si ambos partidos llegan a gobernar juntos, tendrán que negociar y es posible que muchas de sus propuestas iniciales se moderen. El resultado dependerá de su voluntad real de reformar el Estado, no de sus declaraciones durante la campaña electoral.

España necesita revisar su organización administrativa, las duplicidades entre el Estado central y las comunidades autónomas, las diputaciones, los cabildos y los ayuntamientos, así como los organismos y empresas públicas cuya utilidad no justifique su coste.

  • La descentralización puede ser positiva cuando acerca los servicios al ciudadano, pero no cuando multiplica los gastos y las barreras administrativas.
  • También necesitamos una reforma fiscal que favorezca el ahorro, la inversión y el empleo, una justicia independiente, instituciones de control eficaces y una legislación estable que permita a las empresas planificar su futuro.

Después de tantos años de militancia y actividad liberal, no puedo conformarme con que España cambie simplemente de gobernantes. Lo que necesitamos es cambiar una cultura política que ha identificado demasiadas veces el progreso con el aumento del gasto, la multiplicación de las normas y la ampliación del poder administrativo.

  • El liberalismo que he defendido durante toda mi vida no consiste en sustituir un intervencionismo de izquierdas por otro de derechas.
  • Consiste en limitar el poder de cualquier Gobierno, sea cual sea su ideología, y garantizar que los derechos individuales no dependan de la voluntad de quienes ocupan temporalmente las instituciones.

Ante las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, mi pregunta a los candidatos es sencilla:

¿están dispuestos a reducir de verdad el tamaño del Estado, revisar el gasto público, simplificar los impuestos y devolver protagonismo a los ciudadanos y a las empresas?

¿O se limitarán a administrar el mismo aparato político con otros nombres y otros colores?

No quiero prejuzgar el resultado de unas elecciones que corresponde decidir libremente a los ciudadanos. Pero sí considero que debemos exigir compromisos concretos, programas económicamente viables y reformas verificables. La alternancia política es una característica esencial de la democracia, pero no garantiza por sí misma la libertad económica ni la calidad institucional.

A mis años, y después de haber dedicado más de medio siglo al pensamiento y a la acción liberal, sigo creyendo que merece la pena defender estas ideas. He conocido distintas etapas de nuestra historia, he participado en organizaciones políticas y culturales y he dedicado una parte importante de mi actividad intelectual a reflexionar sobre el papel de la sociedad, la empresa y el individuo. No escribo, por tanto, desde la nostalgia de un pasado político, sino desde la convicción de que todavía tenemos mucho que mejorar.

España no necesita simplemente un Gobierno que recaude algo menos. Necesita un Estado que gaste mejor, administre menos, respete más la libertad individual y permita que los ciudadanos y las empresas creen riqueza sin sentirse permanentemente perseguidos por la Administración.

Después de cincuenta y siete años defendiendo el liberalismo, mantengo una convicción que considero irrenunciable: la libertad no se concede desde el poder político; es un derecho de los ciudadanos que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger.

Y esa es, con independencia del resultado electoral, mi posición ante el futuro de España.

Refundador del 1º Rotary Club en España (1977) Club Madrid

Presidente 1989, 2008,2015,2020 Club Rotario Madrid Ptª de Hierro. 9PHF

Past-Regional Commodore of Iberia of IYFR (Gibraltar-Portugal-Spain) International Yachting Fellowship of Rotarians

Ex-Presidente del Partido Liberal. Creador de la UCD. Ex Secretario Federal del Partido Reformista

Ex-Presidente de Honor y Relaciones Exteriores Club Liberal Español

Ex Secretario de Relaciones Institucionales del partido 3ª Edad en Acción

Presidente Fundación FIECS (INSTITUTO EUROPEO PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL)

Presidente Club Nuevo Liberalismo S. XXI. Premio 1812(2008) Club liberal 1812 de Cádiz

Presidente Club Liberal 1812 de Madrid. Premio «CIUDADANO EUROPEO 2013» of Foro Europa 2001

Associate Member of ALDE (European Liberal Party) & Iberian Liberal Forum Medalla de Oro (2012) of Foro Europa 2001 y Caballero de la Real Ancla de Plata de la Real Liga Naval Española (2013)

Medalla al Mérito Cultural de la RLNE en Universidad Camilo José Cela 2015. Embajador de Tabarnia. Académico de la Real Academia de la Mar. Consejero de la Fundación Padre Damián y Madre Teresa de Calcuta. Past Regional Commodore Coordinador España y Portugal Campaña PFW (PLASTIC FREE WATERS Member of Commitee of Grants Area1YFR. Presidente «Tabernarios» Club de los ciudadanos libres

Past presidente del PARTIDO sociopolítico constitucionalista «DESPIERTA». Historian Officer del International Bridge (Puente de Mando Internacional) de la World IYFR (International Yachting Fellowship of Rotarians) periodo 2025 a 2027 Honorary member of Barcelona Fleet of IYFR.1º PREMIO DE IBERIA DE IYFR JHON G. BARRET HONOR.2026